viernes, 24 de marzo de 2017

Los desastres naturales y la agonía del sistema de salud



Artículo escrito por Javier Llamoza Jacinto, AIS/RedGE. Hace más de veinte años desde la última vez que vivimos un desastre natural con tamaña consecuencia, y a diferencia de lo ocurrido en aquel entonces, la capital también está sufriendo el embate. 

Los hospitales ubicados en las zonas afectadas se encuentran inoperativos parcial o totalmente por la propia inundación, este escenario se presenta sobre un sistema de salud con problemas en la gestión y desabastecimiento de medicamentos; por lo mismo, en setiembre último, se declaró en emergencia los servicios de salud de Lima Metropolitana, y no el interior de país, a pesar que se presentaban los mismos problemas, tal como lo manifestara la Defensoría del Pueblo en su pronunciamiento N° 09/DP/2016   

De este episodio y de los S/. 103 millones que se solicitaron para paliar la brecha de medicamentos y dispositivos médicos, el Ministerio de Salud, vencido el plazo, no llegó a usar ni el 30% y por supuesto, el desabastecimiento no ha sido resuelto. Con el desastre, la crisis se agudizaría. La pregunta es: ¿cómo podemos, de un salto, resolver la brecha e incluir aquellas necesidades resultantes de la emergencia?. Evidentemente primero hay que resolver aquello que se entiende es ”programable” o “previsible”, y eso se refiere a terminar con el proceso de compra de medicamentos iniciado en el 2016, asimilar la nueva ley de adquisiciones y así no retrasar más el abastecimiento del 2017. 

Si se logra adjudicar todos los medicamentos, podríamos recurrir a las prerrogativas del contrato y ampliar las cantidades a adquirirse para paliar las necesidades frente a la crisis. Sin embargo, cabe preguntarse si los proveedores podrán responder a las necesidades de manera urgente; y la respuesta es incierta y amerita una intervención, ya que sus programaciones responden a los términos del contrato, pedir un adicional es viable, pero no es inmediato salvo que hoy nos adelantemos sobre lo que viene y establezcamos una relación diferente con el proveedor, a fin de garantizar un suministro suficiente. Si ahora no actuamos y solo esperamos que las compras sigan su curso, entraremos en un caos que afectará a toda la población y con mayor fuerza a poblaciones vulnerables, que ya están golpeadas. No solo se trata de hacer un llamado a que se resuelva de inmediato, el problema es mayor y profundo y amerita una reacción urgente. No dejemos que  los desastres naturales agudicen la desprotección de la salud.


miércoles, 1 de marzo de 2017

MINJUS observa declaratoria de interés publico de atazanavir, requisito para la licencia obligatoria



Lima 27.02.17. El Ministerio de Justicia (MINJUS) hizo observaciones a la propuesta de Decreto Supremo que declara de interés público el atazanavir presentado por el Ministerio de Salud, al respecto, en la primera observación queda claro que el MINJUS solicita se defina la temporalidad de la medida (licencia obligatoria) cuando esta definición no corresponde a la declaratoria de interés publico, esta debe definirla la institución que otorga la licencia obligatoria, en esta caso IDECOPI. Sobre la segunda observación, racionalidad y proporcionalidad, esta debió corresponder al Decreto Legislativo 1075, la propuesta de decreto supremo solo justifica los elementos que configuran el uso de la licencia, y sobre la tercera observación, se pretende un pronunciamiento de INDECOPI, cuando se sabe que la justificación en salud  la debe realizar el MINSA.

Fuente: OFICIO Nª1822 2016-SG/MINSA

1. Observación del MINJUS:

“De acuerdo al artículo 40 del Decreto Legislativo 1075, las licencias obligatorias responden a una situación de temporalidad, en tano subsisten las circunstancias que las justifican. Esta temporalidad no ha sido señalada ni sustentada en el proyecto. En el cuadro de levantamiento de observaciones se señala que no se pone fecha debido a que se trata de un supuesto de “epidemia” y, a no saberse la fecha en que culmina, se debe extender la licencia obligatoria hasta la caducidad de la patente. En las versiones anteriores no se ha señalado que el supuesto es el de una epidemia, por lo tanto, debe replantearse las razones por las cuales ameritaría ser otorgada una licencia obligatoria”

Respuesta del MINSA

Las Licencias obligatorias se conceden para realizar un objetivo. Esos objetivos son distintos en cada caso. Las condiciones de concesión de la licencia obligatoria incluyendo la duración de la licencia, corresponde a las circunstancias del caso y  a los fines de la concesión de la licencia.

La duración de las licencias obligatorias que pudieran concederse una vez dictado el Decreto Supremo no es materia del Decreto Supremo. Este se limita a declarar de interés público el acceso al atazanavir con la finalidad de otorgar licencias obligatorias.

La duración de cada licencia obligatoria es fijada por la autoridad que la concede, a saber, el INDECOPI. Esa duración y las demás condiciones de la licencia serán determinadas en función del pedido que haga quien solicite la licencia obligatoria y en función de que se mantenga las condiciones que dieron origen a la licencia.

El proyecto de Decreto Supremo se sustenta en que i) el VIH(SIDA  es una epidemia; ii) su prevención y control, que incluye  el tratamiento, es un tema de interés publico; iii)es indispensable garantizar el acceso al tratamiento para lo que se requiere precios asequibles y sostenibilidad financiera. 

Por otro lado, la condición de epidemia del VIH en el Perú y en mundo es ampliamente conocido. En el Perú la epidemia se inició con dos casos de VIH y no de SIDA en 1983. Hasta el 30 de abril de 2016, según la Dirección General de Epidemiologia del MINSA, se ha notificado un total de 34,426 casos de SIDA y 62,455 casos de VIH. Se estima que anualmente se producen 4346 infecciones nuevas. ONUSIDA se ha puesto como meta para el año 2020 el 90% de las personas que viven con VIH conozcan su diagnóstico, el 90% de los que conocen su diagnóstico se encuentren recibiendo tratamiento antirretroviral sostenible y que el 90% de ellos tengan supresión viral. Para terminar con la epidemia de VIH se requiere el “acceso ininterrumpido al tratamiento de decenas de millones de personas (en el mundo) se necesita de sistemas de salud y comunitarios fuertes y flexibles, la protección y promoción de los derechos humanos y mecanismos de financiamiento auto sostenibles que garanticen el tratamiento a largo de todo el curso de la vida. 

Los temas de interés público son declarados por el Estado. Cuando se trata de temas que afectan a la salud publica el rol rector lo tiene el Ministerio de Salud. Para el caso específico del VIH/SIDA existe adema la ley Nª 28243, la cual establece la incorporación en el primer párrafo del artículo 1 de la ley nª 26626  lo siguiente: “Declárese de necesidad nacional e interés público la lucha contra la infección por el virus de inmunodeficiencia Humana (VIH)  y el Síndrome de inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las infección de Transmisión Sexual (ITS) .

El acceso al tratamiento tal como lo establece la Organización Mundial de la Salud, requiere de la existencia de precios asequibles y sostenibilidad financiera.

Por lo tanto, para garantizar el acceso al tratamiento de las personas afectadas por el VIH/SIDA, la declaración de interés público el acceso a atazanavir está plenamente sustentada, no solo por tratarse de una epidemia que nos terminara en el mediano ni largo plazo. Es indispensable garantizar el acceso al tratamiento de por vida tal como lo señala la OMS con el fin de reducir progresivamente el impacto primero y la incidencia después. La ley 28243 declara de necesidad nacional e interés público la lucha contra el VIH/SIDA

2. Observación del MINJUS:

En la exposición de motivo se ha creado un acápite sobre análisis de racionalidad y proporcionalidad, sin embargo, en el mismo no se desarrollan los pasos que ha establecido el Tribunal Constitucional para realizar dicho análisis. 

Respuesta del MINSA

La medida no amerita un análisis de este tipo debido a que solo deben justificarse los elementos objetivos que configura los supuestos de hecho del Decreto Legislativo Nª 1075 que habilitan la concesión de la licencia obligatoria. Es la norma señalada la que en su momento tuvo que realizar dicho análisis para ponderar los derechos a propiedad y a la salud.

Se acepta la observación realizada por el MINJUS en el sentido que en este caso la medida no amerita un análisis del tipo referido por el Tribunal Constitucional debido a que solo deben justificarse los elementos objetivos que configuran los supuestos de hecho del Decreto Legislativo 1075, que habilitan la concesión de licencias obligatorias. Se retira el mencionado acápite de la exposición de motivos 

3. Observación del MINJUS:

Es necesario un pronunciamiento técnico por parte del Instituto de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual 

Respuesta del MINSA

El INDECOPI, como autoridad de concesión de licencias obligatorias ha señalado que :

“No corresponde al INDECOPI emitir opinión sobre los motivos que sustentan la declaración de interés público respecto a la utilización del producto atazanavir, en tanto ello es un aspecto que compete estrictamente al sector salud.

En ese contexto, se debe señalar que, de conformidad con la normativa vigente, la autoridad competente en materia de patentes tiene el encargo legal de otorgar licencias obligatorias que le sean solicitadas luego de que se haya determinado mediante Decreto Supremo la existencia de las razones de orden público necesarias y se permita a esta autoridad expedir tales licencias”

El INDECOPI es la autoridad de ejecución en caso se dicte el Decrete Supremo y alguien solicite efectivamente una o más licencias obligatorias. Es decir, le compete al INDECOPI dictar las licencias obligatorias que se le soliciten más que emitir un pronunciamiento técnico sobre el interés público referido. En ejecución de sus funciones, cuando se solicite alguna licencia obligatoria el INDECOPI verificará que se cumplan las condiciones formales requeridas y emitirá la licencia respetando los requisitos y parámetros que la normativa establece.

Por lo anteriormente señalado, no es necesario un pronunciamiento técnico de parte del instituto de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual - INDECOPI

viernes, 24 de febrero de 2017

Caso Atazanavir: necesita una reacción urgente del MINSA y evitar el sobregasto



Artículo escrito por Ana Romero de RedGE, publicado en el blog La Mula. Este caso es de nunca acabar. ¿Acaso estamos esperando el fin de la patente? Como ustedes saben el atazanavir es un antirretroviral para pacientes con VIH, del que depende la vida de más de 2,500 personas. Este medicamento es adquirido por el Estado peruano a un único proveedor, a la farmacéutica Bristol Myers Squibb, titular de la patente hasta el año 2019 y cuyo precio por tableta de Reyataz® (atazanavir) en el 2014 fue el más alto comparado con los países de la región.

En la actualidad el stock de atazanavir 300 mg estará disponible hasta junio de 2017, y por ello es un tema que el Ministerio de Salud (MINSA) no debe dejar de lado. 

En el 2015 el precio por tableta de Reyataz® era de S/. 18.96 y en el 2016, luego de arduas negociaciones del MINSA con la farmacéutica, solo se logró reducir el precio a S/.18.76, es decir, en 1% a pesar que la compra fue por más de S/. 15 millones (Nª004-2016-CENARES/MINSA). 

En los últimos cuatro años el sobregasto que se calcula por la adquisición del atazanavir al único proveedor Bristol, asciende a 96 millones de soles, que bien pueden haberse utilizado para reducir la brecha existente en el sistema de salud, fortaleciendo los servicios en  infraestructura y equipamiento, así como evitar el desabastecimiento de otros medicamentos.

Esta situación no es nueva, el abuso en el precio y un Estado complaciente se vive desde el 2014 cuando se denunció esta situación y muchas organizaciones de la sociedad civil exigieron el uso de la licencia obligatoria; mecanismo legítimo que tienen los Estados para hacer frente al abuso por un bien que es de interés público, exista una emergencia o se ponga en riesgo la seguridad nacional. En este caso, el medicamento es un bien público porque dependen vidas humanas que el Estado está obligado a proteger.  

Para que se otorgue la licencia obligatoria se requiere que previamente se declare, mediante Decreto Supremo, de interés público el medicamento atazanavir, para ello, el MINSA en enero de 2015 ingreso una propuesta de Decreto Supremo al aplicativo de la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV) que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros. La propuesta tuvo observaciones que dieron origen a varias versiones, finalmente las observaciones del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, fueron levantadas en julio de 2016, lamentablemente hasta la fecha no hay noticias de este tema.

Los parlamentarios, en octubre de 2016, y a pedido de organizaciones de la sociedad civil,  solicitaron información al MINSA sobre la situación del abastecimiento de atazanavir y la licencia obligatoria. La titular del sector Patricia García, más allá de reconocer que la salud es un derecho fundamental, responde sobre cómo se vienen evaluando los diferentes temas sobre salud, lo que no proporciona soluciones a los problemas evidentes en MINSA.

Cabe mencionar que la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública si ha analizado el problema y en su informe 075-2016-ESNPC-ITS VIH/SIDA-DGIESP/MINSA, hace un análisis de esta situación y dentro de sus conclusiones se lee: “La Licencia Obligatoria constituye una herramienta de importancia para garantizar la eficiencia en el gasto  público y el mejor manejo de los recursos publico asignados para la adquisición de medicamentos antirretrovirales; por lo cual, se vienen ejecutando los mecanismos  necesarios para favorecer su implementación en el corto plazo”.

Los ciudadanos y ciudadanas esperamos que este proceso de licencia obligatoria se active, ya que, de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones del Estado, CENARES tiene programado adquirir 750 mil tabletas de atazanavir 300 mg por un valor de S/ 14,388,812.96, si lo adquirimos a precio de competencia, el gasto será de poco más de un millón y el Estado podrá hacer un mejor uso de los 13 millones restantes que bien necesita el sistema de salud.  Por todo ello necesitamos cuanto antes respuestas del MINSA.


lunes, 6 de febrero de 2017

Pronunciamiento. Los peruanos y peruanas no merecemos que se ponga en riesgo nuestra salud



En un pronunciamiento público las organizaciones de la sociedad civil, que trabajan en temas de acceso a medicamentos, Acción Internacional para la Salud (AIS), la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), la Red Peruana de Pacientes y Usuarios, Givar, Prosa, Si, Da Vida, Justicia en Salud, Salud Preventiva Andina, Peruanos Positivos, Cequifar, Alames y Pro Vida expresaron su preocupación por el modelo de desarrollo que se pretende instalar, dinamizando el mercado a través de flexibilizaciones que ponen en riesgo la salud. Asimismo, expresaron su nuestro rechazo a la imposición de los decretos legislativos 1290,1344 y 1345, que no hacen más que generar informalidad e incrementar el comercio ilegal con el consecuente impacto negativo en la economía, y en la salud de los consumidores. Los alimentos de consumo humano, los cosméticos y los dietéticos deben ser productos seguros y eficaces, por lo que sus regulaciones deben ser lo suficientemente exigentes para su uso confiable. Por ello, las instituciones técnicas, encargadas de su regulación, deben ser fortalecidas a fin de llegar a un balance entre la seguridad que exigimos los ciudadanos y ciudadanas y la apertura comercial que nos lleve al crecimiento económico.   

No es aceptable que se apueste por una dinamización del mercado a través de  autorizaciones automáticas, basadas en declaraciones juradas que luego serán corroboradas con controles, vigilancia y fiscalización posterior, cuando sabemos que esto ya se viene haciendo en forma limitada por los escasos recursos humanos de sus instituciones y que, además, las intervenciones terminan desvirtuadas por una serie de artilugios legales donde los únicos perjudicados son los ciudadanos y ciudadanas, quienes deben ser protegidos por el Estado y sus regulaciones. Por ello, no aceptamos retrocesos en las políticas públicas, que vienen siendo construidas al margen de la participación ciudadana.   

En ese sentido, exigieron al Congreso de la República la derogatoria de los decretos legislativos 1290, 1344 y 1345 porque todos y todas tenemos derecho a gozar de productos seguros y de calidad.

miércoles, 1 de febrero de 2017

Emergencia sanitaria: hospitales de Lima carecen de 7 de cada 10 medicinas e insumos médicos para el 2017



A pesar de las facultades que tuvo para comprar medicinas sin licitación durante 90 días, el Ministerio de Salud dejó de ejecutar el 73% de las compras destinadas a abastecer a 22 hospitales de Lima declarados en emergencia sanitaria. La meta era adquirir 1.786 tipos de medicamentos e insumos por más de cien millones de soles. Este fracaso de la declaratoria de emergencia del sector perjudica a miles de pacientes afiliados al seguro médico del Estado. Informe de Fabiola Torres, de Ojo Público.

miércoles, 2 de noviembre de 2016

Campaña de prensa. Plantón #LaCorrupciónMata Nuevo sistema de salud ahora

Plantón
#LaCorrupciónMata. Nuevo sistema de salud ahora!
Jueves, 27 de octubre de 2016
Frontis del Ministerio de Salud

Tras el destape de los actos de corrupción, los “negociazos” en el  Sistema Integral de Salud (SIS), la concertación de precios de medicamentos por parte de diversas cadenas de farmacia y un sector que se cae a pedazos,  los pacientes de diversas enfermedades como VIH, cáncer, TBC, diabetes y usuarios protestaron en el frontis del Ministerio de Salud para exigirle al Gobierno una reforma integral del sistema de salud, que acabe con los desabastecimientos de medicamentos, las largas colas, la falta de médicos, los equipos malogrados y castigue a los malos funcionarios que se enriquecen a costa de los enfermos.
 
Bajo el lema, “la corrupción mata”, los pacientes, usuarios, representantes de colegios y gremios profesionales, colectivos de jóvenes, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de salud y público en general exigen servicios de salud oportunos e idóneos, con un acceso a medicamentos de calidad.  
 
“Con la salud no se negocia” o “los pacientes son personas no mercancías”, los manifestantes también piden al MINSA incluir a los representantes de los diversos colectivos y asociaciones de pacientes en la reforma integral del sistema, con el fin de recoger la problemática que viven día a día los miles de pacientes que acuden a los hospitales o postas médicas a nivel nacional.  
 
Mario Ríos, representante del Colectivo Dignidad en Salud, que agrupa a diversas organizaciones de pacientes y usuarios, señaló que el Gobierno debe reconocer la crisis que existe en el sector, y está en manos de la Ministra Patricia García construir un nuevo sistema universal a favor de todos los peruanos.
 
“La ministra García debe eliminar las fuentes de corrupción institucionalizada en el sistema de salud y combata frontalmente las formas de impunidad que permiten el maltrato a los pacientes y usuarios, así como investigue las compras sobrevaloradas que han hecho que el Estado sobregaste, por ejemplo, 13 millones de soles, por la compra del medicamento Atazanavir, utilizado para el tratamiento del VIH, y que en el Perú la vende la empresa Bristol, que tiene el monopolio en el mercado hasta el año 2019”. 
 
Tras el plantón, una delegación de pacientes y usuarios fueron recibidos por Roberto De La torre, asesor del MINSA en temas de diálogo, quien afirmó que trasladará todas las preocupaciones de los manifestantes a la titular del sector y que se iniciaría una investigación sobre las compras de medicamentos con sobre precios.

jueves, 20 de octubre de 2016

Alerta Urgente N° 25. El caso atazanavir: negligencia del Estado frente al interés comercial ¡Licencia obligatoria YA!

Estudio elaborado por la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) y el apoyo de diversas organizaciones de ls sociedad civil que trabajan en temas de acceso a la salud. En este documento se explica el caso del antirretroviral atazanavir, medicamento utilizado para el tratamiento de la infección por VIH/SIDA, y que es distribuido en el Perú bajo el nombre comercial de Reyataz® fabricado por la farmacéutica Bristol-Myers Squibb (BMS), la misma que es titular de la patente hasta el 20 de enero de 2019. Los datos oficiales según la Nota informativa Nª246-2015DIGEMID-DG-EA/MINSA, del 20 de mayo de 2015, revelan que “atazanavir (Reyataz®), representa un porcentaje importante del gasto destinado en la adquisición de medicamentos antirretrovirales en las entidades del sector público. En el 2013, EsSalud y MINSA destinaron S/. 29,18 millones para la adquisición de atazanavir (Reyataz®) y para el 2014, ascendió a S/. 33,34 millones lo que representó el 53% (2013) y 54% (2014), respectivamente del presupuesto asignado por ambas instituciones para la adquisición de antirretrovirales”·